Todo indica que el sector eléctrico español, inmediatamente después de la victoria electoral del PP en marzo de 1996, está en plena ofensiva para que el nuevo Gobierno elimine la moratoria nuclear que prohibe la construcción de nuevas centrales nucleares y mantiene paradas las obras de cinco de ellas.

Las grandes familias que dominan el sector eléctrico español están buscando una grieta, en la actitud ambigua del PP en el tema nuclear, para acabar con la moratoria nuclear instaurada por el PSOE. Ésta, que paró la construcción de cinco centrales nucleares y suspendió indefinidamente la concesión de nuevos permisos, fue declarada en 1988 y ratificada por el Parlamento español con la significativa abstención del PP. Esta actitud del PP alimentaba esperanzas en el sector eléctrico de una marcha atrás en caso de que el PP llegara al poder. Y las posiciones abiertamente pronucleares de dirigentes como Federico Trillo, hoy Presidente del Congreso de los Diputados, aumentaban estas esperanzas; posiciones que no han de extrañar, dada su fidelidad al Opus Dei, fidelidad que comparte con buena parte de las familias que dominan el sector eléctrico español.

La moratoria nuclear aprobada en 1988, además de suspender indefinidamente la concesión de nuevas licencias, significó la paralización de las obras de cinco centrales en construcción: Trillo II (Guadalajara), Valdecaballeros I y II (Cáceres) y Lemóniz I y II (Bizkaia), estas últimas de hecho ya estaban paralizadas debido a la fuerte movilización antinuclear producida en el País Vasco. Mientras que Trillo II y las dos de Valdecaballeros estaban prácticamente acabadas y podrían entrar en funcionamiento en un corto espacio de tiempo, Lemóniz se ha convertido según diversas informaciones en un macrocuartel de la Guardia Civil al estilo Intxaurrondo, donde residen centenares de guardias civiles con sus familias, en cualquier caso muchos más de los necesarios para la vigilancia de la instalación (recordemos que la Guardia Civil custodia todas las centrales nucleares, que tienen la categoría de instalación estratégica del Estado).

Un año después del "parón" nuclear, el Gobierno decidió el cierre de Vandellòs I (Tarragona), tras el gravísimo accidente producido en octubre de 1989. Actualmente existen en el Estado español nueve nucleares en funcionamiento: Trillo I (Guadalajara), Garoña (Burgos), Almaraz I y II (Cáceres), Cofrents (València), Ascó I y II y Vandellòs II (Tarragona).

Las compañías eléctricas empezaron su ofensiva poco después de la llegada al poder del Gobierno de José María Aznar, aprovechando además una fecha clave en la moratoria de 1988: la inminente amortización de la emisión de deuda pública, junto a un recargo en la factura de electricidad que pagamos todos, para compensar a las compañías por la pérdida de sus inversiones. Además, en caso de que el PP no levantara la moratoria, tienen preparada una alternativa por la puerta trasera: el aumento de potencia de las centrales actualmente en funcionamiento, que incrementaría los kilovatios producidos a partir de la fisión del uranio sin necesidad de abrir nuevas centrales.

En esta postura no está ausente la gran empresa pública del sector energético, Endesa, que, al fin y al cabo, controla o posee importantes porcentajes en las sociedades que explotan las nueve centrales españolas. Una de ellas, Vandellòs II, que está totalmente en la órbita de Endesa (posee el 72%), ha dado el primer paso en la estrategia de aumentar la producción de electricidad de origen nuclear dentro de los términos de la moratoria. Vandellòs II solicitará al Gobierno autorización para incrementar la potencia de su reactor mediante un cambio de turbina, que generaría 80 megavatios extra, aumentando su actual potencia de 950. Este cambio, presupuestado en 5.000 millones de ptas., está previsto para 1999.

El caso de Vandellòs II, si supera las reticencias gubernamentales, sería altamente significativo en el sector, ya que el proyecto puede sentar un precedente. Otras centrales preparan proyectos para aumentos similares. En definitiva, el negocio le saldría redondo al sector eléctrico, ya que podría alcanzar entre un 15% y un 20% más de producción de electricidad, lo cual sería equivalente a la entrada en funcionamiento de una nueva nuclear en el Estado español sin saltarse la moratoria, y con una inversión diez veces inferior a la construcción de una nueva central.

El parón nuclear producido por la moratoria, aunque frenó la tendencia expansionista de esta energía en el Estado español, no ha significado un negocio ruinoso para el sector eléctrico. Las compañías eléctricas finalmente no han perdido ninguna peseta y han recuperado además la inversión realizada en las cinco centrales paralizadas, del orden de entre un billón y un billón y medio de ptas. Cuando el Gobierno del PSOE impuso la moratoria nuclear, aprobó dos mecanismos compensatorios: un recargo del 3,8% sobre las tarifas eléctricas y una emisión especial de Deuda Pública que suscribieron las compañías del sector.

Estas compensaciones fueron justificadas como una indemnización por el hecho de que ya se habían concedido los permisos para construir las cinco nucleares paralizadas y que, al amparo de las licencias, las eléctricas habían realizado inversiones elevadas. Además, hubo un "regalo" añadido al incluir Lemóniz en el acuerdo de la moratoria, ya que de hecho los dos grupos de Lemóniz ya estaban paralizados desde 1981 debido a la fuerte oposición antinuclear.

Dentro de pocos meses la emisión de Deuda Pública quedará amortizada, con lo cual las compañías eléctricas habrán recuperado el grueso de sus inversiones sin perder, además, la titularidad sobre las centrales. Queda pendiente el tema de qué pasará con el recargo en el recibo de electricidad que todos (o casi) pagamos, pero todo apunta a que no será eliminado, ya que está incluido en el llamado marco estable de las tarifas que, como indica su nombre, tiene carácter de perpetuidad.

En todo caso, nuevos argumentos para el que movimiento ecologista y antinuclear intensifique su campaña contra las centrales nucleares, por la no entrada en funcionamiento de nuevas y por el cierre de las existentes.

Joan